La expresa voluntad de la administración para no ofrecer lo que puede ofrecer el sector privado, para "no caer en la competencia desleal" (expresión usada por un concejal) hace que se nos deje a merced de la no democracia y de la libertad que tienen los mercados a dejarnos sin derechos. Tantos recortes no se hacen sólo con el objetivo de demostrar que hay una voluntad de ahorro del sector público, también se hacen para eliminar la gestión pública de servicios, abriendo nuevas zonas conqueribles por una supuesta empresa. Todo ello, sin ningún análisis ni juicio ético de si habrá capacidad de ofrecer la misma calidad, efectividad y universalidad, simplemente poniendo el cartel de rebajas en el supermercado. El impuesto colapso lleva a los gobernantes a demostrar que la nación tiene una buena salud por los mercados, y conlleva la puesta en venta de todo lo que signifique gestión gubernamental.
La manera como se nos miente, nos utiliza y como se nos deja sin capacidad de actuación en la dualidad institucional-privado, hace que por fuerza tengamos que pensar en la organización de dispositivos de cooperación independientes que redefinan el concepto de lo público. Tenemos que trabajar en el diseño de mecanismos que devuelvan algo a las comunidades implicadas, si lo hacemos no sólo estaremos aprovechando la dinámica de las metodologías enunciadas por la factoría de código abierto, también estaremos construyendo áreas públicas que tengan en cuenta que el acceso será abierto y universal, para siempre. Una refundación de cómo compartimos los contenidos, con qué estructuras operamos y qué herramientas públicas tenemos, pasa también porque todos estos elementos sean asegurados no por estructuras de democracia intermitente que son demasiado susceptibles a la influencia de los mercados, si no por la coordinación de cooperativas u órganos de gestión colectiva que esquiven organismos caducos como los que se nos ofrece actualmente.
La noticia reciente sobre la renuncia a seguir utilizando libros de texto en la escuela pública de Torremendo, abre algunas dinámicas inevitables ante la ineficacia de ofrecer soluciones concretas para los espacios donde se encuentran los servicios básicos. Convierte en un mecanismo más de aprendizaje y cooperación. Y eso bien articulado puede significar un terremoto de efectividad frente a la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos y mercados. El no gasto de 200 € por alumno al cabo del año, puede determinarse que va en detrimento de la industria cultural, y que supondrá falta de ingresos y pérdida de los puestos de trabajo de las editoriales redactoras de libros de texto. Echar a la gente sin duda puede ser un descalabro para quien trabajaba, e incluso podrían aparecer sindicatos que se posicionen en contra de medidas de este tipo, pero debemos recordar la función social primordial que debería satisfacer la industria, y esta es la existencia de un apoyo donde haya los conocimientos que creemos que debemos alcanzar como ciudadanos en la enseñanza pública, y ello conlleva acceso universal. En ningún momento la función social del libro de texto era el de ofrecer trabajo o riqueza a la industria, esto era un beneficio colateral en el ejercicio de consecución del objetivo, y del mismo modo que la finalidad no justifica los medios, los medios no pueden justificar el impedimento de satisfacción del objetivo.
Impedir medidas como éstas no supone ningún progreso, y el personal laboral debería preocuparse de cuál es su lugar en este nuevo modelo, y seguramente su lugar no será muy lejos si se ofrece a colaborar, en confianza, con las familias afectadas.
A pesar del reconocimiento de las demandas de organizaciones laborales así como organizaciones dependientes a este modelo, el hecho de que estos estén anclados a la estructura de servicios del aparato estatal, reduce su eficacia y no nos hace progresar.
La riqueza que se puede conseguir gracias a tener las próximas generaciones preparadas no tiene ni punto de comparación con que las editoriales puedan lucrarse con los libros de texto. Es por ello que destinar esfuerzos a pensar y crear herramientas que permitan el crecimiento del conocimiento se vislumbra como prioritaria.
Así pueden aparecer oportunidades para democratizar y socializar recursos que antes eran públicos pero bajo control de la administración pública. El ejemplo de la supresión del "bonolibro" en Valencia es un ejemplo, la quiebra de la comunidad autónoma hace imposible la subvención de editoriales ya la espera que el mercado ofrezca alguna alternativa (seguramente tablets con contenidos con DRM), hace que se pueda pensar en áreas de colaboración que liguen AMPA, estudiantes, profesores, redactores, y wikipedista ... La garantía de perpetuidad de estas áreas y la generación de trabajo cooperativo posibilita imaginar contenidos de calidad generados por la ciudadanía y bajo el control de ésta.
Si aflora la cooperación y las herramientas para permitirla son buenas, será una buena noticia el rechazo a seguir alimentando de la manera habitual a los distribuidores de conocimiento, pero es más necesario que nunca trabajar. Hasta que no lo tengamos podemos reclamar los recursos de la administración, pero los errores del sistema nos harán caer en la miseria.
En cuanto a la radicalidad democrática de estos dispositivos, hay herramientas que superan la efectividad en comparación a las actuales, al menos en cuanto a decisiones del día a día. Herramientas que no necesiten excesiva certificación ya que las deliberaciones se darían a redes distribuidas basadas en la confianza de los nodos, algo inexistente en los sistemas actuales.
La divulgación de softwares, licencias, sitios web, fundaciones colaboradoras que tengan como misión el retorno a las comunidades, y que se preocupen de la perpetuación de apertura en el acceso y el desarrollo del conocimiento, se convierten en imprescindibles si realmente creemos en algún futuro social, la industria seguro que lo sabrá apreciar.